Se habla muy a menudo de las condiciones precarias con las que los jóvenes deben lidiar si quieren dedicarse al mundo investigador en nuestro país, pero a veces de forma muy abstracta y sin hablar de casos específicos. Esta semana nos parece oportuno destacar un ejemplo concreto que mezcla falta de previsión, de organización y de suficiente respeto por el trabajo de muchos de nuestros jóvenes.
Hace casi dos años, los investigadores jóvenes de toda España recibían con regocijo el anuncio de unas nuevas ayudas, apoyadas por los fondos europeos de recuperación de los efectos de la pandemia, noticia que tuvo repercusión en distintos medios nacionales (El País, La Vanguardia, La Razón, eldiario.es). Estas ayudas se dividirían en distintas modalidades, entre las que figuraba la de Margarita Salas dirigida al personal investigador postdoctoral más joven, con el objetivo de fomentar la movilidad tanto nacional como internacional de estos investigadores. Las cuantías ofrecidas en las convocatorias eran, además, más que razonables (a priori): 2800 € al mes para estancias en España y 3500 € para el extranjero.
Sin embargo, las ayudas venían con una serie de condiciones sobre las que se han tomado decisiones que han acabado decepcionando a muchas personas, situación de la que también se ha hecho eco la prensa (El País, El Heraldo, eldiario.es (1, 2, 3)). Una primera condición que ha supuesto una limitación importante ha sido el tiempo límite para ejecutar estas ayudas, ya que el dinero debía haberse gastado antes de acabar el año 2024. Esto supuso un problema de diseño de las ayudas para el Gobierno, que acabó cediendo la financiación a las universidades para que estas se encargasen de la convocatoria y adjudicación de las plazas siguiendo los plazos establecidos. Así, las universidades se encontraron de repente con una gran suma de dinero a gastar en estas ayudas, con condiciones impuestas por el ministerio y con poco tiempo para organizarlas. Todo ello en un contexto en el que las universidades actúan con presupuestos bastante ajustados.
Las soluciones (o, mejor dicho, parches) a las que han llegado las universidades han dado para mucho debate. La mayoría de ellas (con honrosas excepciones) han sustraído de las cuantías expuestas en las convocatorias las cuotas patronales que normalmente debe pagar la universidad. Esto hace que el salario real que perciben los investigadores sea mucho más bajo, con la reducción en casi una tercera parte: apenas 1800 € en España y 2300 € en el extranjero, cantidades poco mejores que las que percibe un estudiante de doctorado (que ya son bajas, pero ese es otro debate) y absolutamente insuficientes en muchas ciudades del extranjero. Otras universidades han terminado por ofrecer las ayudas en forma de beca, con lo que se pierde la cotización en la seguridad social y se retrocede en un avance que los investigadores habían reivindicado durante años. A esto se suma que la situación durante las estancias en el extranjero se rige en base a figuras a menudo mal explicadas y que pueden dificultar el acceso a servicios básicos en los países de acogida, como puede ser la sanidad.
En definitiva, las condiciones reales de las ayudas Margarita Salas dejan mucho que desear, especialmente si se compara con determinados países de nuestro entorno. No es de extrañar, por tanto, que muchos investigadores que estaban en el extranjero y habían aceptado una de estas ayudas como forma de regresar a España estén renunciando a ellas al conocer las condiciones que tendrían que soportar. Cabe destacar la pérdida de capital que esto supone para nuestro país, y no solo porque estos jóvenes no se reincorporen finalmente a nuestro sistema, sino porque el dinero de las ayudas que rechazan, además, no se puede ya reinvertir en nuevas convocatorias. La falta de organización y coordinación del gobierno y las universidades supone, en definitiva, un malgasto de las ayudas europeas.
Y la peor consecuencia, quizás, sea el aumento del descontento entre los jóvenes implicados, que ven una vez más que la investigación en nuestro país no se valora y que sus condiciones laborales siguen sin mejorar con el paso de los años.
